Llamado a cubrir cargo de bibliotecario 31-7-2014
ESCUELA JUAN XXIII
15:00 BIBLIOTECARIO TARDE -
- INTERINO ORIENTADO --
-- BAJA
Para destacar debes ser coherente, entusiasta y agregar valor a las personas que te rodean.
En educación, discutir los temas postergados
Debate. Estamos próximos a cambios electorales y podríamos volver a cometer el grave error de comenzar ignorando no sólo los avances sino también las causas de los problemas pendientes.
Lentamente la educación con sus problemas no resueltos regresa a la agenda pública. Los malos resultados en las pruebas de evaluación internacionales, el efecto de los escasos días de clases agravado por el ausentismo de docentes y de alumnos, la transferencia continua e inédita en esta última década de matrícula escolar del sector estatal al privado junto con las demandas salariales y de infraestructura conforman un escenario que reaparece con la periodicidad de la crisis económica. Ello sin dejar de reconocer el aumento de recursos financieros en el sector, la actualización curricular, la provisión de libros y tecnologías, el trabajo sostenido en algunas jurisdicciones como Capital Federal, Córdoba y Mendoza, por ejemplo, y el esfuerzo de muchas instituciones educativas comprometidas con su misión más allá de las políticas de los gobiernos correspondientes.
Estamos próximos a cambios electorales y podríamos volver a cometer el grave error de comenzar ignorando no sólo los avances sino también la causa de los problemas pendientes. Entiendo por eso que se hace impostergable una reflexión más amplia para la cual intentaré algunos enunciados.
La educación está contaminada por los problemas de la política. Existe poca capacidad en los partidos para generar un debate donde se deje de lado la alianza electoral con los gremios y adquieran centralidad los niños y jóvenes destinatarios del servicio. Los gremios deben defender los derechos laborales de sus representados pero no orientar las políticas educativas a favor de su situación laboral y en desmedro de la calidad y equidad del servicio.
Está en juego la gobernabilidad del sector.
Han fracasado muchos intentos de reubicar a los docentes por cargo en una institución evitando al docente “taxi”, o destinar los mejores perfiles profesionales a las escuelas que atienden poblaciones con mayores necesidades educativas, o elegir las plantas para cada institución según la lógica de la escuela, o evaluar las competencias laborales de los docentes a partir de los resultados de aprendizaje de los alumnos. Ni qué hablar sobre la posibilidad de establecer una nueva carrera profesional y un estatuto centrado en la calidad de la formación y el desempeño docente.
Ninguna plataforma partidaria alude a la pobre organización federal en la que se desarrollan las grandes políticas nacionales.
Hay que asumir que más allá de los buenos propósitos, la gestión de la educación se juega finalmente en cada provincia. Como esto es así, debiéramos revisar qué herramientas tiene la autoridad nacional, y si las aplica, para promover, supervisar y verificar el cumplimiento o no de los acuerdos federales de política.
¿Puede un título, en los diferentes niveles educativos y en cualquier lugar del país, tener validez nacional si no ha cumplido alguno o ninguno de los requerimientos en materia de contenidos educativos y logros en los aprendizajes? ¿Puede un docente recibido en una institución de muy baja calidad ejercer la docencia en cualquier escuela en todo el territorio nacional? ¿Contamos con normas y herramientas que verifiquen esa información y active medidas correctivas?
El sistema político actúa hasta la sanción de una ley y luego se retira e ignora su cumplimiento o los problemas en su aplicación. Cuando estos se hacen muy visibles intenta a lo sumo una nueva ley sin remover las causas estructurales que han impedido su cumplimiento.
Todavía se escucha entre importantes actores políticos justificar los problemas educativos en la transferencia de los servicios del nivel secundario realizados por ley en l992 y regulada en convenios con cada jurisdicción donde se fijaron recursos y condiciones.
No fue aquella transferencia de escuelas (20% del total del sistema), reclamada históricamente por las provincias en uso de sus facultades constitucionales lo que está en la base del deterioro educativo en muchos lugares del país; es la impunidad por la mala gestión de las mismas que se ejerce a nivel local mientras se culpa al gobierno nacional. O el abandono de las obligaciones del gobierno nacional de orientar y asistir a las provincias según acuerdos previos.
No existe país en el mundo con organización federal donde los servicios de educación básica estén a cargo de gobiernos nacionales.
Pero existen, a pesar de las autonomías locales, fuertes acciones federales a favor de las políticas fundamentales.
Algo estaremos haciendo nosotros muy mal.
¿Estamos dispuestos a transparentar la gestión del sistema en todos sus niveles, a sacar la política partidaria en las decisiones de los cargos, a informar a los padres y a la comunidad sobre los logros y fracasos en cada institución, a gastar el presupuesto mayoritariamente en las escuelas y desfinanciar todo aquello que es innecesario para la prestación del servicio?
Nuestro discurso político contiene un ideal de país y de sociedad que deja afuera las malas prácticas administrativas, la estructura institucional que nos da forma o el debate de problemas que ponen en riesgo la simpatía de algunos sectores electoralmente importantes.
Sin embargo, es en el desprendimiento de esas dañinas especulaciones y en la búsqueda del difícil equilibrio entre provincias y nación donde se espera todavía a la Argentina que demora nuestros sueños.
Estamos próximos a cambios electorales y podríamos volver a cometer el grave error de comenzar ignorando no sólo los avances sino también la causa de los problemas pendientes. Entiendo por eso que se hace impostergable una reflexión más amplia para la cual intentaré algunos enunciados.
La educación está contaminada por los problemas de la política. Existe poca capacidad en los partidos para generar un debate donde se deje de lado la alianza electoral con los gremios y adquieran centralidad los niños y jóvenes destinatarios del servicio. Los gremios deben defender los derechos laborales de sus representados pero no orientar las políticas educativas a favor de su situación laboral y en desmedro de la calidad y equidad del servicio.
Está en juego la gobernabilidad del sector.
Han fracasado muchos intentos de reubicar a los docentes por cargo en una institución evitando al docente “taxi”, o destinar los mejores perfiles profesionales a las escuelas que atienden poblaciones con mayores necesidades educativas, o elegir las plantas para cada institución según la lógica de la escuela, o evaluar las competencias laborales de los docentes a partir de los resultados de aprendizaje de los alumnos. Ni qué hablar sobre la posibilidad de establecer una nueva carrera profesional y un estatuto centrado en la calidad de la formación y el desempeño docente.
Ninguna plataforma partidaria alude a la pobre organización federal en la que se desarrollan las grandes políticas nacionales.
Hay que asumir que más allá de los buenos propósitos, la gestión de la educación se juega finalmente en cada provincia. Como esto es así, debiéramos revisar qué herramientas tiene la autoridad nacional, y si las aplica, para promover, supervisar y verificar el cumplimiento o no de los acuerdos federales de política.
¿Puede un título, en los diferentes niveles educativos y en cualquier lugar del país, tener validez nacional si no ha cumplido alguno o ninguno de los requerimientos en materia de contenidos educativos y logros en los aprendizajes? ¿Puede un docente recibido en una institución de muy baja calidad ejercer la docencia en cualquier escuela en todo el territorio nacional? ¿Contamos con normas y herramientas que verifiquen esa información y active medidas correctivas?
El sistema político actúa hasta la sanción de una ley y luego se retira e ignora su cumplimiento o los problemas en su aplicación. Cuando estos se hacen muy visibles intenta a lo sumo una nueva ley sin remover las causas estructurales que han impedido su cumplimiento.
Todavía se escucha entre importantes actores políticos justificar los problemas educativos en la transferencia de los servicios del nivel secundario realizados por ley en l992 y regulada en convenios con cada jurisdicción donde se fijaron recursos y condiciones.
No fue aquella transferencia de escuelas (20% del total del sistema), reclamada históricamente por las provincias en uso de sus facultades constitucionales lo que está en la base del deterioro educativo en muchos lugares del país; es la impunidad por la mala gestión de las mismas que se ejerce a nivel local mientras se culpa al gobierno nacional. O el abandono de las obligaciones del gobierno nacional de orientar y asistir a las provincias según acuerdos previos.
No existe país en el mundo con organización federal donde los servicios de educación básica estén a cargo de gobiernos nacionales.
Pero existen, a pesar de las autonomías locales, fuertes acciones federales a favor de las políticas fundamentales.
Algo estaremos haciendo nosotros muy mal.
¿Estamos dispuestos a transparentar la gestión del sistema en todos sus niveles, a sacar la política partidaria en las decisiones de los cargos, a informar a los padres y a la comunidad sobre los logros y fracasos en cada institución, a gastar el presupuesto mayoritariamente en las escuelas y desfinanciar todo aquello que es innecesario para la prestación del servicio?
Nuestro discurso político contiene un ideal de país y de sociedad que deja afuera las malas prácticas administrativas, la estructura institucional que nos da forma o el debate de problemas que ponen en riesgo la simpatía de algunos sectores electoralmente importantes.
Sin embargo, es en el desprendimiento de esas dañinas especulaciones y en la búsqueda del difícil equilibrio entre provincias y nación donde se espera todavía a la Argentina que demora nuestros sueños.
