Aprender sin falseamientos

El Gobierno prefiere manipular los datos negativos de las pruebas educativas PISA en lugar de aceptar nuestro pobre desempeño y trabajar para revertirlo

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Sólo dentro de dos años, la Argentina volverá a tener la oportunidad de someterse a la prueba estandarizada para la evaluación de rendimientos escolares denominada con la sigla PISA (Program for International Student Assessment), un instrumento serio y confiable elaborado y conducido por un consorcio constituido en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Este organismo realiza esas evaluaciones por encargo de las naciones cada tres años. En América latina vienen participando nuestro país, Brasil, Chile, México, Panamá, Perú, Trinidad y Tobago, y Uruguay. La evaluación enfoca tres áreas: matemática, lectura comprensiva y ciencias, y responden a ella escolares de 15 años, sin considerar un determinado nivel de enseñanza ni tomar en cuenta el año que se encuentren cursando a esa edad.
En 2009, los últimos dados a conocer -restan los de 2012-, la actuación de la Argentina estuvo lejos de ser satisfactoria. Sobre 65 países participantes, el nuestro ocupó el lugar 58° . Con relación a 2006, el puntaje promedio descendió de 418 a 398 puntos sobre 1000 posibles. Y hace cuatro años, ese estudio fue absurdamente objetado por el gobierno nacional, al considerar que mide una realidad que no es la nuestra, por lo que estimó que el país no volvería a formar parte de él.
Para entonces, el Gobierno comenzó a tejer una serie de estrategias de modo que esos resultados negativos para el país pudieran ser leídos de otra manera. Fue cuando propuso y consiguió, por ejemplo, que el informe incluyera una suerte de aclaración o enmienda. El consorcio PISA accedió así a presentar los resultados totales del país y, por separado, con el título de "secundaria regular", los de los alumnos de 15 años que están en el nivel educativo requerido por la prueba (diez años de escolaridad ya cumplida). Entre otras tantas justificaciones del porqué de ese mal desempeño, el ministro de Educación de la Nación, Alberto Sileoni, sostuvo que los países que están mejor que la Argentina en esa prueba atienden a un porcentaje mucho menor de alumnos escolarizados, y puso como ejemplo la incorporación a la educación formal que hizo el país de miles de chicos de sectores pobres e, incluso, como consecuencia de la instrumentación de la Asignación Universal por Hijo. El funcionario criticó también que en China, por ejemplo, la evaluación se haya hecho en una ciudad -Shanghai-, mientras que en la Argentina participaron escuelas de ciudades de todo el país.
Con todas esas prevenciones -por cierto destinadas a reinterpretar una realidad insatisfactoria- es que el Gobierno ha decidido que volverá a solicitar que el país sea incluido en la evaluación 2015.
En rigor, el nivel limitado de esos rendimientos puede ser la consecuencia de problemas severos de la dimensión social que afectan al sistema educativo. Gravitan desigualdades de diversa naturaleza, como una pobreza estructural que avanzó de un 5 por ciento en 1980, a superar el 25% en 2010. El aumento de la matrícula escolar, en tanto, choca en forma paradójica con un proceso de abandono y deserción de la escuela media. Otra desigualdad, pero en este caso positiva, ha sido expuesta por un informe de Unicef, que muestra que los alumnos provenientes de países de América latina tienen un mejor desempeño y una mayor aplicación que los argentinos en las escuelas de nuestro país.
Entre los aspectos del bajo rendimiento, en tanto, no pueden soslayarse otras problemáticas como la depreciación de los salarios docentes, la creciente cantidad de días de huelga y la falta de capacitación profesional. Se impone también trabajar por una distribución más justa de los recursos en las escuelas y avanzar en una alianza más firme con las familias.
Absurdamente, ante la ingrata sorpresa de los resultados de la evaluación PISA, la conducta ministerial ha priorizado la crítica a la prueba. Como sucede con los inverosímiles datos del Indec, el Gobierno quiere mostrar una realidad educativa a medida de sus mezquinos intereses.
Sobre esa senda se avanzó en una reunión reciente, celebrada en nuestro país, a la que concurrieron Sileoni y funcionarios de Uruguay, Bolivia, Brasil y Ecuador. En ella se decidió continuar participando en la prueba PISA y elevar un documento de acuerdos básicos a la OCDE a fin de establecer "criterios regionales de evaluación" que justifiquen "discutir la calidad como una medida social", lo que abre lógicos interrogantes a una lectura crítica.
Nuevamente, en lugar de atacar la causa del problema declarando la emergencia educativa, se trata de negarlo o, como ya hemos dicho en reiteradas ocasiones, de desacreditar los datos que arroja el termómetro -en este caso, los de la prueba- en vez de enfrentar la grave enfermedad que afecta a la educación en la Argentina. 
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