Asignaturas pendientes

Por Maximiliano C. Estigarribia*

Lo que se avanzó y lo que falta para garantizar el derecho a la educación en la Argentina.

Inclusión, calidad, acceso universal al jardín: algunos desafíos a resolver. (JUAN M. TAVELLA)

Como red de instituciones comprometidas con la educación argentina presentamos ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas un informe sobre la situación del derecho a la educación en la Argentina. En nuestro informe, aportado en el marco del proceso de revisión sobre la situación de los derechos humanos al que se somete periódicamente nuestro país, nos centramos en el Derecho a la Educación, y nos hemos enfocado en aquellos ejes que consideramos críticos en relación al tema.

En cada uno de estos ejes damos un amplio reconocimiento a los significativos avances que ha vivido el país en los últimos años. Sin embargo, como aporte a la construcción de un modelo educativo incluyente y de calidad, enumeramos desafíos pendientes y realizamos recomendaciones a los distintos niveles del Estado.

El primer eje abordado, es el derecho a la Educación Sexual Integral. La ley que crea el Programa, la calidad de los materiales producidos y las bases generales de una política educativa en esta temática son un importante avance.

Sin embargo, las realidades de la aplicación en cada una de las provincias son muy distintas. No hay todavía una tarea continua en las jurisdicciones ni una sistemática formación docente al respecto.

El segundo tópico abordado es la calidad educativa. Si bien consideramos que las evaluaciones descontextualizadas y estandarizadas no reflejan la totalidad de los aspectos intervinientes en el proceso de enseñanza y aprendizaje, pueden aportar algunos datos relevantes. Por ejemplo, los últimos resultados de las evaluaciones PISA en Argentina evidencian la dificultad del sistema educativo para revertir la injusticia existente en su interior. El gran incremento en la inversión en educación que se viene haciendo sostenidamente, la construcción de 1.800 escuelas, al igual que la implementación del Plan Conectar Igualdad, por el cual se entregaron 1.800.000 netbooks, son indicadores de una búsqueda de mejora de las condiciones del aprendizaje y el acceso a la educación. Pero se hace necesario redoblar los esfuerzos, incrementando la cantidad de días y horas de clase, fortaleciendo la oferta educativa con jornada extendida o completa, e intensificando la formación docente y mejorando las condiciones en las que se brinda la educación.

El involucramiento de los padres en la educación de sus hijos/as es clave en este proceso, al igual que el trabajo conjunto y articulado con organizaciones sociales, sobre todo con aquellas que acompañan el aprendizaje de los más pobres.

En tercer lugar, nos centramos en el acceso diferenciado al nivel inicial según sean familias de mayores o menores ingresos. En 2009, la cobertura de la sala de cuatro años para aquellos niños cuyas familias pertenecían al primer quintil de ingresos era del 92% y del 41% para los del último.

Al mismo tiempo, para los niños de tres años la cobertura era del 64% y 14%, respectivamente. Urge ampliar la oferta educativa de las salas de 4 y 5 años.

En cuanto al financiamiento educativo, cuarto eje abordado, la Ley 26.075 sancionada en 2005, dispuso un paulatino incremento del presupuesto educativo hasta alcanzar el 6% del Producto Bruto Interno (PBI) en 2010. Las metas se superaron, alcanzando el 6,4% del PBI: una marca histórica y de las más altas en el mundo. Sin embargo, no logró aún modificar las desigualdades estructurales existentes entre las provincias. Es necesaria una nueva Ley de Financiamiento Educativo, que coordine los esfuerzos entre el gobierno nacional y las provincias y establezca la distribución de esfuerzos entre los distintos niveles de gobierno.

En relación al derecho a la Educación Inclusiva, los datos muestran que del total de alumnos con discapacidad, sólo el 29,3% se educa en modelos de inclusión. Ni las leyes nacionales ni las normativas locales han incorporado a sus disposiciones generales los estándares del modelo social de la discapacidad y el enfoque de derechos humanos que busca garantizar la efectiva inclusión educativa.

Finalmente, abordamos el derecho a la educación de los niños y niñas en situación de migración.

Argentina ha adoptado una serie de normas tendientes a asegurar la educación de las personas extranjeras, hecho que celebramos.

En la Argentina residen 1.805.957 extranjeros, de ellos 140.000 menores de 14 años, que se enfrentan muchas veces con diversos problemas a la hora de ejercer su derecho a la educación: en algunos casos se les exige DNI argentino. Esto suele deberse al desconocimiento de la normativa por parte de los establecimientos educativos, lo que invita a revisar los mecanismos de difusión de la normativa y a establecer procedimientos claros y adecuados. Otra dificultad surge cuando se debe realizar el reconocimiento de los estudios cursados fuera de Argentina. Por otra parte, los docentes no reciben ninguna capacitación respecto a cómo abordar la temática migratoria en las aulas ni cuáles son los derechos de las personas migrantes. La efectiva designación del Defensor de los Niños, Niñas y Adolescentes puede contribuir a identificar y resolver estas cuestiones.

* SECRETARIO DE LA CAMPAÑA ARGENTINA POR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN (CADE), RED DE MÁS DE 40 ONG ARGENTINAS

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