Nota publicada en diario Clarin http://www.clarin.com/sociedad/Impulsan-universidades-crece-debate-descontrol_0_1035496586.html
POR FABIÁN DEBESA
Tiene media sanción la de Hurlingham y proyectan otra en Almirante Brown. Con éstas habrá un total de trece.
LA PLATA. CORRESPONSALIA - 24/11/13
La creación de universidades nacionales en el Conurbano se transformó en un filón económico que relega la excelencia académica para sostener estructuras políticas de los municipios. En los últimos tres años se habilitaron cinco casas de estudios superiores en distritos gobernados por intendentes kirchneristas y, en plena campaña por las legislativas, el Senado aprobó la instalación de otra academia con el estímulo de un hombre vinculado al vicepresidente Amado Boudou.
Los senadores votaron el proyecto de Universidad Nacional de Hurlingham y Juan “Juanchi” Zabaleta –secretario Administrativo del cuerpo, quien maneja la caja del Senado- llevó esa iniciativa como estandarte de su candidatura a concejal de ese distrito. Zabaleta hace más de 20 años que ocupa cargos políticos en Provincia y Nación. Conoció a Boudou en su paso por Ansés y juntos pasaron por el Ministerio de Economía. Ahora fue electo concejal en un municipio manejado por un massista y va por más: pretende ser intendente. Además, en el Congreso existe una propuesta para instalar otra universidad en Almirante Brown.
En su segundo mandato, la presidenta Cristina Fernández inauguró 9 universidades estatales, cinco ubicadas en Avellaneda, Florencio Varela, Moreno, Merlo y Jose C Paz. En 2014, esas instituciones tendrán más de 363 millones de pesos para su funcionamiento, distribuidas con un criterio que no responde al nivel académico, según plantearon en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el organismo que agrupa a los rectores de todo el país. Un caso: la Universidad Nacional del Oeste (Merlo) recibirá 23.092 pesos por alumno, cuando la UN de Córdoba, la más antigua y una de las más prestigiosas de la Argentina, recibirá menos de 15 mil pesos por estudiante.
El vínculo entre el poder municipal y las conducciones académicas es una constante en las nuevas universidades del Gran Buenos Aires. Y es un factor que puede determinar el nivel de los recursos que reciben de la Nación, en el presupuesto. Merlo es un modelo también en esta materia. Después de un proceso de normalización de tres años, hace dos meses fue designado el primer rector. Se trata del abogado Martín Alfredo Othacehé, que presenta como casi único antecedente ser hijo del histórico intendente de esa comarca del oeste, Raúl Othacehé.
Los recursos de las instituciones no se agotan en partidas que distribuye Nación. En este ítem también influye la conexión con el poder. La Universidad de Avellaneda firmó contratos con el ministerio de Desarrollo Social para un relevamiento de beneficiarios de la AUH; otro con Educación para realizar el plan Fines 2 para adultos y con la comuna para un censo de arbolado público. El rector es el compañero de fórmula del intendente Jorge Ferraresi, en la contienda por la interna del PJ del distrito y la vicerrectora, Nancy Ganz, es esposa del Secretario de Educación nacional, Jaime Perczyk.
Otras universidades con llegada a organismos estatales son más prolíferas aún. La de San Martín firmó en febrero convenios con la Secretaría de Defensa de la Competencia (por 1,5 millón); con la Secretaría de Cultura de Nación (por 1,75 millón); con la Secretaría de Seguridad de Nación (por 3,6 millones) y con la Secretaría de Puertos nacional (por 2,45 millones). En este punto hubo una advertencia de la Auditoría General de la Nación (AGN) por presunto “exceso en el alcance de la autonomía institucional y de la autarquía económico financiera” de las universidades. El ente que controla los gastos del Estado objetó que las instituciones educativas “aprueben sus propios reglamentos de contrataciones”.
Tampoco está regulado con transparencia el ingreso mensual de las autoridades superiores (rectores, vicerectores, secretarios). De acuerdo con las normativas, deberían cobrar el equivalente a un puesto de Secretario de Estado. O sea, algo más de 50 mil pesos brutos por mes. “Pero esa información no llega en tiempo y forma, como corresponde”, dijo a Clarín una fuente de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU). Por eso, tampoco hay certezas sobre el número exacto de funcionarios que se designan por contratos en las nuevas sedes académicas. En el listado “oficial” aparecen 78 autoridades superiores en las 5 flamantes universidades.
Moreno, con 10 carreras de grado en su menú y poco más de 3.500 alumnos tiene 30 cargos de gestión. Es decir, gastaría el año que viene casi 16 millones de pesos en sueldos para funcionarios, de los 81 millones que le otorgó el Congreso (o sea, 20% del total).
La calidad educativa de la oferta universitaria es otro punto endeble de las universidades del kirchnerismo. “Los concursos de docentes no se publican en los medios nacionales como establece la ley de Educación Superior y entonces nadie se entera”, admitió a este diario un ex decano de la UBA. “Sin sustento científico, sin experiencia en investigación apuntan a los cursos como un negocio”, explicó.
“Para evitar estas incongruencias nosotros planteamos la creación de un Centro Regional Universitario, que incluya casas de prestigio –públicas y privadas– más acoplado a las necesidades de los jóvenes y de la economía local. Sin necesidad de una estructura de costos elevada como la de una universidad”, dijo a Clarín el secretario de Cultura de Almirante Brown, Jorge Herrero Pons. El funcionario reconoció que el proyecto de la universidad de Almirante Brown “fue utilizado como pancarta de la campaña electoral por un candidato del FPV”. Se refería al concejal electo, Mariano Cascallares. Herrero Pons aseguró que la eventual nueva casa de estudios estaría ubicada a 10 minutos de la sede de Lomas de Zamora; a 20 de la de La Matanza y a 30 minutos de la de Florencio Varela. “Con la misma oferta académica. No tiene sentido”.
Informe: Zonales Clarín
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